El Gobierno nacional finalizará en las próximas horas el envío al Congreso del proyecto de reforma laboral surgido del Consejo de Mayo, donde participaron funcionarios, gobernadores, empresarios y representantes sindicales. La iniciativa propone una modernización integral del sistema laboral argentino, con cambios en vacaciones, indemnizaciones, banco de horas, despidos, regímenes especiales y digitalización de documentación, entre otros puntos. Mientras el oficialismo defiende que busca “flexibilizar y actualizar” el marco vigente, gran parte del sindicalismo expresó su rechazo.
En materia de vacaciones, se mantienen los mínimos legales pero se habilita ampliar los períodos por acuerdo individual o colectivo. El esquema deberá otorgarse entre octubre y abril, notificarse con 30 días de anticipación y, si se fracciona, cada tramo no podrá ser menor a siete días.
Con respecto al banco de horas, el proyecto permite compensar jornadas largas con otras más cortas, siempre por acuerdo escrito y garantizando descansos mínimos.
Sobre indemnizaciones y despidos, se habilita reemplazar el esquema tradicional por fondos o seguros sectoriales financiados por el empleador. Para despidos sin causa, se mantiene un mes de sueldo por año trabajado. Se fijan topes, bases de cálculo y se detallan los procedimientos para despidos justificados y reincorporaciones.
El capítulo de remuneraciones impulsa la digitalización obligatoria de recibos, certificados médicos y documentación laboral, además de clarificar qué conceptos integran el salario habitual ante posibles reclamos.
En cuanto a enfermedad y ausencias, se formaliza el uso de certificados médicos digitales, se refuerzan los controles y se regula la reincorporación mediante alta médica definitiva.
El texto incluye regímenes especiales para trabajo doméstico (prueba ampliada a seis meses y recibos electrónicos) y trabajo agrario (contrato permanente con prueba de ocho meses).
También crea los Fondos de Asistencia Laboral, aportados por las empresas para respaldar despidos en el sector privado.
Uno de los apartados destacados es el régimen para repartidores de aplicaciones, que exige registro, aportes, cobertura social y garantiza derechos como rechazar pedidos o recibir el 100% de las propinas.
La reforma avanza además sobre transferencias de establecimientos, subcontratación y responsabilidad solidaria, y profundiza los procedimientos judiciales, sanciones por reclamos abusivos y conductas sindicales consideradas desleales. Se restringen las asambleas en empresas —con aviso previo y sin pago de horas— y se reducen las horas de crédito sindical. Los bloqueos y tomas se tipifican como infracciones graves.
Finalmente, se elimina la ultraactividad de convenios colectivos y se implementa un régimen temporal para incentivar la formalización laboral, con beneficios para empresas que incorporen trabajadores registrados.