Proponen una “Ley de Libertad Educativa” que redefine todo el sistema escolar y universitario en Argentina
El Gobierno presentó el proyecto de “Ley de Libertad Educativa”, una reforma estructural que deroga la Ley de Educación Nacional vigente desde 2006 y propone un rediseño completo del sistema, desde el jardín hasta la universidad. La iniciativa, impulsada por el Consejo de Mayo y oficializada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, pone el foco en tres ejes: mayor autonomía escolar, protagonismo de las familias y nuevas formas de financiamiento y evaluación.
Entre los cambios centrales, el proyecto habilita que cada escuela —pública o privada— tenga más libertad para definir sus planes de estudio, métodos pedagógicos, calendarios y organización interna, además de participar en la selección de docentes y personal. También declara a la educación como un servicio esencial, obligando a garantizar un mínimo de horas de clase aun en caso de conflictos.
Las familias pasan a ocupar un rol clave: se crean “consejos de padres” en escuelas estatales, se reconoce explícitamente el derecho a elegir proyectos educativos acordes a sus convicciones y se permite la publicación de datos por escuela para tomar decisiones informadas.
A esto se suma la formalización del homeschooling y la educación virtual sin límite de edad. Los estudiantes educados en casa deberán rendir evaluaciones estandarizadas para acreditar contenidos y las provincias tendrán registros específicos, aunque sin controles intrusivos sobre la dinámica familiar.
En materia de evaluación, se mantiene el operativo nacional Aprender y se crea el Examen Nacional de Educación Secundaria (ENES), un examen voluntario que medirá aprendizajes en Lengua, Matemática, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. También se endurece el sistema de evaluación docente, que será periódica y podrá afectar la estabilidad laboral.
El capítulo financiero propone cambios fuertes: elimina la meta del 6% del PBI, redefine el reparto de fondos y habilita mecanismos de financiamiento dirigidos directamente a familias y estudiantes. Para las universidades, establece un modelo basado en cantidad de alumnos regulares, desempeño académico, investigación, extensión y auditorías internas y externas.
El Gobierno sostiene que la reforma busca mejorar la calidad educativa mediante libertad, transparencia y responsabilidad, mientras distintos sectores anticipan que el proyecto abrirá un debate tan profundo como polémico en el Congreso.