El Gobierno nacional avanza con una reforma laboral integral que, según la administración de Javier Milei, busca generar “reglas claras”, reducir la litigiosidad y bajar costos laborales para promover empleo formal. Aunque en la Casa Rosada aseguran que esta vez hay clima político para su aprobación, la iniciativa llega con una “letra chica” que promete fuertes debates.
El proyecto incluye incentivos para contratar trabajadores, flexibiliza despidos, modifica convenios colectivos, redefine vacaciones, habilita bancos de horas y promueve salarios por productividad. También limita huelgas y bloqueos, y facilita registración laboral.
Pero los puntos más controvertidos están en el área fiscal, sindical y judicial. El plan transfiere parte de las contribuciones patronales de la ANSES a Fondos de Asistencia Laboral (FAL) administrados por privados registrados en la CNV, que podrán invertir en el mercado de capitales. El Gobierno asegura que no afectará jubilaciones, aunque no reveló el costo fiscal, y niega que esto abra la puerta al regreso de las AFJP.
Las obras sociales sindicales perderán financiamiento por la reducción de aportes del 6% al 5%, lo que también abre interrogantes sobre el impacto en prepagas. Además, las empresas ya no estarán obligadas a retener automáticamente la cuota sindical, y los aportes solidarios requerirán consentimiento expreso del trabajador, salvo en convenios por empresa.
En materia judicial, el proyecto impulsa el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires y fija nuevas reglas para actualizar montos en juicios laborales, incluida una “banda” para el stock de litigios previos.
Otro capítulo clave es la creación de un régimen especial para trabajadores de aplicaciones, con normas por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, inspirado en el proyecto Ritondo.
Pese a las críticas de la CTA y otros gremios, que sostienen que la iniciativa “traslada recursos del trabajo al capital y debilita la acción colectiva”, el Gobierno defiende el proyecto como una modernización necesaria para combatir la informalidad y fomentar el empleo.
La reforma, dividida en cuatro ejes —creación de trabajo, mejora salarial, reducción de litigios y baja de impuestos— será debatida en el Congreso en las próximas semanas, donde se espera un fuerte contrapunto político y social.